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La dación en pago, más fácil (Expansión)

martes, 29 de enero de 2013

Juanma Lamet Madnd

La reforma hipotecaria del Ejecutivo para desinflar la burbuja de las hipotecas "abusivas" va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate mañana en el Congreso. Pero el departamento que capitanea Luis de Guindos no se quedará ahí, y también pretende "flexibilizar" los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago (cancelar la deuda mediante la entrega del inmueble).

En concreto, fuentes cercanas el Ministerio de Economía aseguran a EXPANSIÓN que el Gobierno "ya está dispuesto" a "extender el ámbito de actuación" del código, a que sea "más asequible" y a "reformar las condiciones para acceder a la dación en pago". Es decir, a que se aumenten "los umbrales de renta" necesarios para poder acceder a dicho código.

Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia en cuestión es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en el paro.

Pero esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (que se aprobó en marzo) se tramitaran sólo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago.

Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales (familias con hijos menores de tres años, o con algún discapacitado, entre otras muchas).

El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.

Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que "las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes". Pero ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él.

De todas formas, actualmente las entidades financieras están suspendiendo de forma masiva los lanzamientos de deudores morosos. No sólo de quienes cumplen los requisitos para disfrutar de los dos años de moratoria que aprobó el Gobierno en noviembre, sino de la mayoría.

No en vano, el sector espera, inquieto, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que podría determinar que las normas que regulan en España los desahucios son incompatibles con las reglas europeas de protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas. Así lo reflejó ya un dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia, Juliane Kokott, cuyas opiniones habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia.

Más reformas
Cabe recordar que el Gobierno ultima más medidas para proteger a los deudores. Así, se quiere reformar la Ley Hipotecaria, con una rebaja drástica de los intereses de demora de las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, que no podrán ser superiores al interés legal del dinero (ahora en el 4%) más un recargo de das puntos porcentuales. Es decir, como mucho, del 6%, frente a los intereses que se vienen cobrando actualmente, que van desde el 18% al 29%, según Adicae, que ha analizado 18.000 escrituras. Asimismo, el pago de intereses estaría limitado a tres años, en lugar de cinco.

Además, Economía "evalúa" que el plazo de amortización de la hipoteca de una vivienda habitual "no pueda exceder de la edad legal de jubilación del deudor". Es decir, que la suma de la edad del solicitante y el plazo de la hipoteca no supere los 65 años (67 a partir de 2027).

 

Así es el proceso hasta llegar a la entrega de las llaves

Cuando una familia en riesgo de exclusión social" -es decir, con todos los miembros en paro y sin ingresos suficientes- comienza a no pagar su hipoteca, el banco adscrito al Código de Buenas Prácticas debe activar, obligatoriamente, el nuevo mecanismo.

Reestructuración. En primer lugar, la entidad tendrá un mes para presentarte una reestructuración de la deuda hipotecaria, con un periodo de carencia de hasta cuatro años, una ampliación del plazo de amortización a 40 artos y un interés nunca mayor al euríbor más 0,25 puntos porcentuales.

Quita. Si, tras la reestructuración, la cuota hipotecaria sigue siendo superior al 60% de la renta familiar, el banco deberá ofrecer una quita de hasta el 25% del capital pendiente.

Dación. Si transcurren 12 meses y banco y familia no llegan a un acuerdo sobre la quita (y todos los miembros siguen en paro), se entregarían las llaves de la casa y la deuda quedaría cancelada. Es decir, la dación en pago.

Alquiler.  Tras la dación, el banco deberá permitir al antiguo deudor quedarse a vivir en el piso dos años, con un alquiler equivalente al 3% de la deuda que quede por pagar. Este arrendamiento tendrá, además, una subvención estatal de hasta 3200 euros. Además, el Ejecutivo ha lanzado un fondo social de 6.000 pisos de la banca con alquileres de entre 150 y 400 euros.

 

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