El Colegio de Registradores de España ha celebrado hoy la jornada Anteproyecto de Ley de Integridad Pública: seguridad jurídica en el tráfico societario y medidas contra la corrupción y el blanqueo de capitales, un encuentro dirigido a analizar el alcance jurídico y práctico de una reforma de especial relevancia en materia de transparencia, integridad pública, tráfico societario y prevención del blanqueo de capitales. Durante la sesión se ha analizado la importancia de reforzar los mecanismos de publicidad, trazabilidad y seguridad jurídica en las operaciones con relevancia mercantil.

En su presentación la directora de Relaciones Institucionales, Teresa López, ha destacado el relevante impacto en la calidad y en la confianza del tráfico mercantil de nuestro país que aportará la reforma, motivo por el que el Colegio de Registradores ha convocado a representantes de distintos ámbitos para abordar la reforma desde una perspectiva muy diversa.

La jornada ha sido clausurada por María Rosario Jiménez Rubio, decana-presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, que en sus palabras ha destacado que “nos reafirmamos, como Colegio de Registradores, en nuestro compromiso con la lucha y la prevención del blanqueo de capitales y la corrupción”. La decana ha dicho que “la clave de un nuevo modelo está, y debe estar, en sujetar la condición de socio a la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil”; y que “el sistema actualmente vigente de transparencia societaria no es transparente, ni funciona, ni es útil para los socios, ni para quienes tienen que perseguir el fraude societario. La llave de la transparencia societaria es la inscripción en el Registro Mercantil”.

El encuentro se ha estructurado en dos mesas redondas. La primera, moderada por Santiago Molina, director del Centro de Estudios Registrales, ha contado con la intervención de Juan Sánchez-Calero, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, que ha señalado tres aspectos de la reforma del anteproyecto, y ha vaticinado que va a dar lugar a una tramitación legislativa extremadamente exigente; ha afirmado que la inscripción registral se convierte en el sistema propuesto, en el elemento legitimador para el socio ante la sociedad y ante las administraciones; y ha señalado que “estamos ante una reforma profundísima en un aspecto esencial de nuestro derecho societario”. Sanchez-Calero ha manifestado que, de alguna manera, es desandar lo andado desde el año 1989-1990, pero también aprender de la experiencia en ordenamientos comparados donde funciona el sistema.

Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha destacado la necesidad de mejorar las capacidades de investigación y de enjuiciamiento, porque cuanta más información real tengamos sobre cómo está funcionando la sociedad será mucho más eficaz. Como reflexión final a su discurso, ha señalado que la ley tiene una dimensión estática y una dimensión dinámica, y en este segundo sentido es importante la dotación de medios económicos, la coordinación tecnológica, y la “coordinación con quienes tenéis un volumen enorme de información, porque para los jueces esa coordinación es absolutamente esencial”.

Juan Ignacio Madrid, registrador mercantil, ha presentado una fotografía actual de su Registro Mercantil en el que las sociedades que han depositado cuentas durante todo el ejercicio 2025 han sido 36.039; las que han legalizado algún tipo de libro, 16.600; y las que han legalizado el libro registro de socios han sido 2.600. Ante estas deficiencias, el registrador mercantil ha afirmado que con la reforma el libro de socios va a ser electrónico basado en un sistema registral digital, seguro y organizado, con acceso autorizado y gratuito para entidades públicas, personas con interés legítimo y las propias sociedades, por lo que habrá una publicidad jurídica tratada, calificada y legislativamente contrastada, vinculada al interés legítimo, que se llevará en un libro especial del Registro Mercantil.

La segunda mesa redonda, moderada por Raquel Ortiz de Pinedo, directora del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras y Nuevas Tecnologías, ha reunido a expertos vinculados a la investigación, prevención y control del blanqueo de capitales y del fraude.

En este sentido, Juan Carlos Calleja, jefe de la División de Inteligencia Estratégica del SEPBLAC, ha resaltado que para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la publicidad, el acceso a la información veraz y fiable es esencial. Saber quién está detrás de una sociedad o de una estructura es una pieza clave. Poder saberlo en tiempo y forma, que es de lo que ahora mismo se está tratando, es arrojar luz a ese mundo oscuro.

Por su parte, Fernando Sanz, jefe de Sección 2 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, ha incidido en que, en investigaciones de blanqueo, lo esencial siempre es establecer quién es la persona que tiene el control real desde la estructura completa. No es lo mismo el control real que la titularidad real, pero sí coinciden en gran parte de las ocasiones. Poder reconstruir la evolución societaria de una empresa es capital para saber quién está detrás y quién es el beneficiario final de esa sociedad.

A continuación, Javier Sánchez-Vicente, capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, ha explicado que los delitos económicos, en general, para nosotros suponen un reto. Es verdad que todas las investigaciones tienen su dificultad y se pueden complicar, pero las investigaciones económicas requieren un conocimiento técnico extra. El hecho de tener acceso a la titularidad real, y de tener más información sobre cómo funciona una sociedad, sus componentes y si realmente está hecha para ello, creo que son de gran utilidad.

Finalmente, José Manuel Alarcón, inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT, terminó señalando que la persecución del fraude fiscal, de una manera muy básica, consiste en dos cosas: la primera, identificar rentas, flujos financieros y elementos patrimoniales; y la segunda, atribuirlos. Por lo tanto, el conocimiento de quién es el titular real, el beneficiario efectivo de una renta o de un elemento patrimonial, es una cuestión básica para luchar contra el fraude fiscal.